El gobierno de Puebla iniciará una revisión integral de los centros de rehabilitación para adictos conocidos como anexos, debido a preocupaciones sobre su operación y el riesgo de que algunas de sus prácticas puedan ser confundidas con privaciones ilegales de la libertad, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González.

Durante una entrevista, el funcionario señaló que se está levantando una estadística para identificar cuántos de estos establecimientos existen en la entidad y en qué municipios se encuentran.

“Queremos tener un control. A finales de mes ya tendremos una estadística completa de cuántos hay en la capital y en todo el estado”, dijo.

La preocupación surgió tras una nota reciente sobre un supuesto anexo clandestino en el que se hablaba incluso del hallazgo de una fosa. Sánchez González aclaró que esa información fue desmentida y no corresponde a la realidad.

“No fue así. Se encontró un cadáver, pero fue afuera del lugar donde supuestamente funcionaba el anexo. Nada que ver”, recalcó.

El secretario explicó que muchas veces los operativos que realizan estos centros para recoger a personas en situación de adicción pueden parecer actos de privación ilegal.

“Por eso queremos regular la forma en que operan, para evitar confusiones o abusos. Es preocupación de nosotros”, agregó.