A través de diversas argucias legales, Daniela Martina N, una de las presuntas implicadas y detenidas por el megafraude de la empresa AE Capital, cometido en agravio de alrededor de 2 mil personas de Puebla y otros estados de la República, busca no solo salir de prisión con un cambio de medida cautelar, sino también, la extinción del proceso legal que se sigue en su contra y cuatro personas más, tres de ellas aún prófugas de la justicia.

Eliana Bonilla, quien representa a 29 de los 800 defraudados de Puebla, acusó que a cuatro años de que sus clientes denunciaran los hechos, no ha habido una resolución ni reparación del daño.

Recordó que por el asunto, solo están detenidos los hermanos Diego Matías N, y Daniela Martina N, quienes eran los directivos de la compañía, mientras otros involucrados como Luis Antonio N, Gabriel Antuan N, y Marco Antonio N, están prófugos de la justicia.

En el caso de Daniela Martina, cuya detención fue dada a conocer el 9 de marzo de 2023 por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), de Puebla, la litigante señaló que la acusada por medio de su abogado ha interpuesto diversos amparos a fin de alargar el proceso y al cabo de dos años, al estar en prisión y no tener una condena, lograr su libertad.

Desde meses atrás, la investigada con la ayuda de su defensor particular, también solicitó que la prisión preventiva necesaria o justificada que le fue impuesta, se le cambiara por firma periódica. Gracias a la oposición de Eliana Bonilla y de la Fiscalía de Puebla, la mujer no logró su objetivo.

Aunque a favor de las víctimas se logró ampliar la prisión preventiva de la asegurada, hasta septiembre, los afectados temen que una vez que concluya el término, esta obtenga su libertad y se extinga la investigación en su contra.

Por lo anterior, pidieron justicia y que se vele por sus intereses, incluso lamentaron que el ingeniero Ciro Ramírez Chávez, quien invirtió 600 mil pesos correspondientes a los ahorros de su vida y animó a decenas de víctimas a denunciar esta injusticia, haya muerto sin recuperar su dinero. En este sentido, la abogada aclaró que el deceso de Ciro fue por circunstancias ajenas a este proceso, en diciembre de 2024.

Agregó que de los 200 asuntos que ella lleva, solo 97 se han judicializado como el caso del economista Jorge Pérez, de 85 años, quien explicó que perdió cerca de 2 millones que ahorró por más de 50 años laborando en el ámbito público y privado.