La Fiscalía General de la República puso bajo la lupa a más de 500 compañías por su presunta relación con el contrabando de combustibles, en una investigación que desnuda los vínculos entre el huachicol fiscal y dependencias clave del Estado mexicano. Entre ellas, Pemex, la Secretaría de Marina y hasta la UNAM aparecen en los registros de contrataciones, mientras que reportes periodísticos sugieren relaciones con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
De acuerdo con la causa penal 325/2025, al menos seis de esas firmas han sido investigadas por operaciones irregulares, incluyendo la manipulación de permisos de importación, facturación alterada y ventas a precios imposibles de sostener en el mercado. A la par, la FGR ha girado órdenes de aprehensión contra 13 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Entre las compañías señaladas destaca Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V., arrendadora de plataformas a Pemex desde hace más de una década. En 2022, obtuvo un contrato por 57.6 millones de dólares para operar una plataforma con capacidad de perforar hasta 30 mil pies en aguas profundas del Golfo de México. La vigencia concluyó en diciembre de 2023 y el documento oficial puede consultarse en los portales de Pemex. La misma empresa mantiene permisos otorgados por Semar para operar sus plataformas La Santa María y Covadonga en aguas nacionales.
Otra firma mencionada es Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V., que pese a la cancelación de su permiso de importación de hidrocarburos, logró contratos con la UNAM para surtir diésel marino al buque oceanográfico El Puma entre junio de 2022 y junio de 2024, con montos estimados entre 12 y 27 millones de pesos. Además, continúa operando en puertos como Mazatlán, Topolobampo y Manzanillo, y ofrece transporte de combustibles en Guaymas.
En el caso de la empresa Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., obtuvo autorizaciones de Semar para la recolección y disposición de desechos de hidrocarburos en Frontera, Tabasco, con vigencia hasta 2029, además de contratos previos en el puerto de Dos Bocas.
Aunque medios como El Universal han señalado que algunas de estas firmas también surtieron combustibles al AIFA y otras dependencias federales, hasta ahora no existe evidencia documental pública que confirme montos ni contratos directos con esa terminal aérea.
La investigación se sustenta en técnicas de inteligencia judicial que incluyeron el rastreo de 101 números telefónicos y más de mil registros de comunicaciones cerca de aduanas marítimas. Según la FGR, estas conexiones permitieron mapear la operación de las redes en puertos clave y documentar cómo funcionaban las rutas de contrabando.
El caso se inserta en un escenario más amplio; la FGR ha identificado al menos 555 empresas vinculadas al negocio irregular de combustibles desde 2021, de las cuales 108 están activas en la importación, exportación y comercialización.
La investigación no solo exhibe la fragilidad de los mecanismos de control, sino que abre interrogantes sobre la vigilancia de las dependencias que otorgaron contratos multimillonarios a empresas bajo sospecha. El desenlace judicial podría marcar un precedente en el combate al huachicol fiscal en México.
Fuente: Reporte Diario
