Ciudad de México, 27 de octubre de 2025. — El senador de Morena y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ha sido señalado por adjudicar contratos millonarios a empresas vinculadas a su notaría en Tabasco durante su mandato como gobernador entre 2019 y 2022. Según informes, López habría favorecido a empresas de amigos y clientes de su notaría con contratos por un total de 592 millones de pesos, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y nepotismo.

Las denuncias apuntan a que durante su tiempo como gobernador, López otorgó contratos a empresas que tenían relaciones cercanas con su actividad profesional como notario público, lo que violaría los principios de transparencia y legalidad en la asignación de recursos públicos.

Detalles de las acusaciones:

• Los contratos en cuestión se habrían destinado a diversas obras y servicios dentro de la administración pública de Tabasco, sin pasar por los procedimientos de licitación pública o sin ofrecer la competencia necesaria.
• Las empresas beneficiadas con los contratos tenían lazos personales o comerciales con el exgobernador, lo que ha generado la sospecha de que hubo un uso indebido de recursos del estado en favor de intereses particulares.
• Aunque no se ha demostrado hasta ahora que las contrataciones hayan sido ilegales, la falta de transparencia en el proceso ha sido uno de los puntos más críticos en este caso.

Reacciones:

• Adán Augusto López ha defendido su gestión y aseguró que todos los contratos fueron adjudicados conforme a la legalidad y que no hubo irregularidades en la asignación de los mismos.
• La oposición política ha denunciado que este tipo de prácticas refuerzan el cliente-gobierno y promueven una cultura de corrupción dentro de las instituciones públicas. Exigen que las autoridades competentes investiguen a fondo el caso.
• La Fiscalía Anticorrupción de Tabasco ya está revisando las denuncias y ha comenzado un proceso de auditoría para determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de los contratos.

Este caso pone nuevamente en evidencia los problemas de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, lo que ha generado un debate sobre las prácticas éticas de los funcionarios públicos.