Que el Congreso del Estado de Puebla haya emitido hace unos días la convocatoria para elegir a la persona que encabezará la Auditoría Superior del Estado (ASE), debería haber sido una noticia de alivio porque el órgano fiscalizador recobra, por fin, la posibilidad de tener un titular con nombramiento claro y mandato definido.

Pero el detalle convocado de que ya no exige ser exclusivamente contador público, y que prioriza tener “buena reputación” junto con título profesional en áreas afines, abre más preguntas que certezas.

¿Qué entiende el Congreso por “buena reputación”? ¿Sustituye eso la experiencia técnica, la ética probada y los candados institucionales que requiere una fiscalización efectiva? Porque los auditores pasados, eran según, honestos y expertos en números y ¡vaya lo que resultaron!

Los nuevos requisitos, amplían el abanico de perfiles para economistas, abogados, administradores o especialistas en control. En principio es una apertura válida porque la fiscalización moderna exige habilidades multidisciplinarias como manejo de datos, conocimiento del derecho administrativo y capacidad para articular litigios y sanciones.

Pero el énfasis en la “reputación” suena a atajo cuando la realidad local demuestra que el problema no es la carrera universitaria del auditor, sino la falta de independencia efectiva, los vínculos con despachos externos y la ausencia de sanciones claras y tajantes frente a irregularidades detectadas, que en Puebla son muchísimas.

Nada más basta poner de ejemplo a Francisco Romero Serrano, ex titular de la ASE, además de uno de los nombres más polémicos en la historia reciente del órgano. Su paso por la ASE terminó envuelto en escándalos y su sucesora, Amanda Gómez Nava, quien en 2021 fue titular de la Secretaría de la Función Pública, fue señalada por el propio Romero Serrano de haber actuado en complacencia con María Teresa Castro Corro, entonces secretaria de Planeación y Finanzas, en las inversiones fallidas del caso Accendo durante la administración del hoy extinto Miguel Barbosa Huerta.

Ese episodio, que involucró pérdidas millonarias de recursos públicos estatales depositados en una institución bancaria en quiebra, sigue sin esclarecerse del todo. Nadie ha sido sancionado con firmeza, y el caso ilustra la cadena de opacidad que ha acompañado a la fiscalización en Puebla: auditores cuestionados, señalamientos cruzados, pero cero resultados efectivos.

Esa es precisamente la raíz del problema, la “reputación” no se mide por lo que se dice en los discursos, sino por los resultados que da su trabajo. Y el hecho de que los últimos auditores hayan terminado señalados o deslegitimados, es porque el sistema está diseñado para proteger complicidades y no para exhibir irregularidades.

La Auditoría Superior tiene funciones mucho más amplias que revisar cuentas; debe verificar el uso correcto y eficiente de los recursos públicos, emitir observaciones y sanciones, promover juicios de responsabilidad, y presentar denuncias penales o administrativas cuando detecta delitos o faltas graves, algo que no ha ocurrido.

Por eso el reclamo central no es si el auditor es egresado de Contabilidad o de Derecho, pero sí debe de dotar de mecanismos que obliguen a la acción y eviten la impunidad.

Un auditor con “buena reputación” pero sin independencia presupuestaria, sin facultades de sanción efectivas, o sin un protocolo público y verificable de seguimiento a denuncias, seguirá siendo un gasto y un adorno más.

El Congreso de Puebla tiene la oportunidad de demostrar que la palabra “reputación” no es un nuevo eslogan para nuevos nombramientos de conveniencia. Si realmente se busca profesionalismo y credibilidad, el proceso de selección debe incluir audiencias públicas, evaluaciones técnicas transparentes y seguimiento ciudadano a los resultados.

De lo contrario, la Auditoría seguirá siendo lo que ha sido en los últimos años, un espejo roto del poder, incapaz de reflejar la verdad. Y los nombres de quienes pasaron por su silla como Romero Serrano, Gómez Nava, y otros que terminaron más cuestionados que reconocidos, seguirán recordándonos que en Puebla, la buena reputación se ha quedado en el papel y no en los hechos.