Ciudad de México — En una sesión histórica, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una legislación que tiene como objetivo combatir uno de los crímenes más comunes y dañinos para la sociedad mexicana. La ley establece penas que pueden llegar hasta los 42 años de prisión, con el fin de disuadir y castigar a los delincuentes involucrados en actos de extorsión, que afectan a miles de ciudadanos y empresarios en todo el país.
El contexto de la ley
La extorsión es uno de los delitos más denunciados en México. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), más de 60,000 denuncias por extorsión fueron registradas en 2024, un fenómeno que afecta principalmente a comercios, empresas y familias que, bajo amenazas de violencia o daño, son obligadas a pagar sumas de dinero. Este tipo de delito es particularmente perjudicial, ya que genera un ambiente de miedo e inseguridad que permea diversos sectores de la sociedad.
La nueva legislación busca establecer un marco legal más claro y efectivo para la prevención, persecución y sanción de los delitos relacionados con la extorsión, con el fin de brindar una mayor protección a las víctimas y asegurar que los delincuentes enfrenten castigos severos.
Las penas y sanciones
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión establece una pena de prisión de hasta 42 años para aquellos que cometan este delito, dependiendo de la gravedad del caso. Además, las sanciones se agravan si se utilizan armas de fuego o si las víctimas son personas vulnerables, como mujeres, menores de edad o personas con discapacidad.
Entre otras disposiciones clave de la ley, se incluyen:
- Criminalización de las extorsiones telefónicas y virtuales, que han ganado terreno en los últimos años.
- Protección integral a las víctimas, garantizando que puedan acceder a medios de denuncia confidenciales y que reciban apoyo psicológico y legal.
- La creación de un registro nacional de extorsionadores que permita a las autoridades seguir de cerca a los delincuentes reincidentes.
- Establecimiento de mecanismos más rápidos de resolución de casos para que las investigaciones se realicen de manera ágil y eficaz.
Reacciones a la aprobación
La aprobación de esta ley ha sido ampliamente celebrada por organizaciones de derechos humanos y empresariales, quienes habían solicitado de manera reiterada que el gobierno y el Congreso tomaran acciones más estrictas para combatir la extorsión en el país.
Alejandro Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), expresó su satisfacción por la iniciativa: “Esta ley es un paso importante para frenar un delito que ha causado mucho sufrimiento a las familias mexicanas y que ha afectado gravemente la economía de los negocios en todo el país. La extorsión no solo es un crimen, sino un flagelo que perpetúa la violencia y el miedo en las comunidades.”
Por su parte, activistas de derechos humanos también han mostrado su apoyo, destacando que la ley representa una oportunidad para proteger a las personas más vulnerables y brindarles mecanismos más eficaces para denunciar este tipo de delitos.
El reto de la implementación
A pesar de los avances logrados con la aprobación de la ley, expertos y organizaciones civiles advirtieron que su efectividad dependerá de la correcta implementación y de la voluntad política de las autoridades para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y garantizar que los responsables sean sancionados adecuadamente. Además, se destacó la importancia de capacitar a los funcionarios encargados de la procuración de justicia para que puedan atender de manera eficiente los casos de extorsión y garantizar la protección de las víctimas durante el proceso judicial.
Héctor González, abogado especializado en temas de seguridad, señaló: “El gran desafío será hacer que esta ley funcione en la práctica. No basta con tener una ley estricta si no se cuenta con una estructura judicial y de seguridad que garantice su aplicación efectiva.”
El próximo paso: La aprobación en el Senado
La ley ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado para su revisión y posible ratificación. Se espera que el Senado aborde el proyecto de ley en las próximas semanas y, si es aprobado, se promulgará como una nueva legislación federal que cambiará el enfoque del combate a la extorsión en México.
La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un avance significativo en la lucha contra uno de los crímenes más comunes en el país, pero su éxito dependerá de su implementación efectiva y del compromiso de las autoridades para erradicar esta grave problemática.
