El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que durante el periodo de julio a septiembre de este año el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un crecimiento de 12 por ciento comparado con el trimestre anterior.
Tan pronto se publicó este dato el pasado viernes 30 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en la “mañanera”, que se estaba cumpliendo su pronóstico de recuperación de la pandemia en forma de “V”, además del éxito de su “fórmula” para enfocar apoyos del gobierno en “los de abajo” y con ello impulsar el consumo popular. El líder del gobierno Federal podría estar celebrando antes de tiempo, incluso, celebrando sin nada que celebrar.

La recuperación en forma de “V”, es un término utilizado para describir la caída de la economía y su recuperación casi inmediata y proporcional al descenso. Además, no hay que olvidar que la economía, a tasa anual, se ha contraído durante seis trimestres consecutivos, por lo que el PIB por habitante habrá caído en los dos años que van de este gobierno en 12 por ciento. De lo que no hay duda es que, independientemente de la pandemia, el gobierno con sus decisiones y acciones ha ido minando el potencial de crecimiento de la economía.

Llama la atención el prolongado decrecimiento del PIB y, en particular, de la inversión privada, a pesar de que Estados Unidos exhibió una evolución económica sólida, sólo interrumpida a partir de marzo pasado por el brote de la pandemia por el COVID-19. A la caída de la inversión privada se ha sumado la continuación del descenso de la inversión pública observado desde la gran crisis financiera.

La magnitud del desplome de la inversión se aprecia más cabalmente al examinar su proporción respecto al PIB. Por ejemplo, a partir de 2017, las razones de la inversión privada y de la inversión total han perdido tres y cuatro puntos porcentuales, respectivamente, para situarse en 16.2 y 18.8 por ciento durante la primera mitad de 2020.

Esta caída es consecuencia de acciones arbitrarias como a cancelación del NAIM, ya debería haber sido inaugurado el pasado mes de octubre, la cancelación de la cervecería en Mexicali, la costosa e inepta renegociación de los gaseoductos, el secuestro de organismos de Gobierno como la SCJN, cambios absurdos en la regulación de las llamadas energías limpias. Estas acciones exponen que, simplemente no hay certeza de que el gobierno esté dispuesto a jugar con las reglas establecidas y que, caprichosamente, no las vaya a cambiar sin atender los efectos perniciosos que ello puede tener sobre la eficiencia en la asignación de recursos y la certeza necesaria (y exigida) por los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros.

En términos generales, esta administración se ha caracterizado por la imposición discrecional de obstáculos a la inversión privada y un discurso hostil a la iniciativa de los particulares. Sus acciones han incluido consultas populares de dudosa legalidad orientadas a cancelar proyectos de inversión en marcha, así como la suspensión, el cambio de reglas y los intentos de retroceso de la reforma energética, para consolidar la hegemonía de las empresas estatales.
A menos que el gobierno sustituya su enfoque por uno que favorezca la certidumbre y la confianza de los negocios, la inversión privada extenderá su declive. Ello prolongaría la contracción económica, con perjuicios severos, especialmente, sobre la población más pobre.