Padres y familiares de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, ocurrido en Hermosillo, Sonora, informaron sobre la presunta detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Téllez Nieves, señalada como una de las socias propietarias de la estancia infantil en la que murieron 49 menores en junio de 2009.

En una carta abierta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al fiscal general Alejandro Gertz Manero, el colectivo “Manos Unidas por Nuestros Niños” anunció que la supuesta aprehensión de Téllez Nieves se habría producido en territorio estadounidense.

La carta, fechada en Hermosillo y difundida por la agrupación, detalla que Téllez Nieves habría solicitado asilo político en Estados Unidos mediante una firma de abogados en Arizona, bajo el argumento de persecución política.

Los padres de las víctimas consideran estas afirmaciones como falsas y demandan la pronta intervención de las autoridades mexicanas para gestionar su extradición y garantizar que rindan cuentas ante la justicia mexicana.

En su pronunciamiento, la agrupación enfatiza que “la estructura del gabinete del Gobierno del Estado de aquella época y que además eran miembros prominentes de la clase empresarial, han evadido sistemáticamente la acción de la justicia desde hace más de 15 años”.

El colectivo señala que, desde la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009, persiste un ambiente de impunidad y encubrimiento, lo cual ha obstaculizado que los padres de los menores fallecidos y lesionados obtengan justicia.

El incendio en la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, dejó además más de 70 menores heridos. Desde entonces, organizaciones civiles y familiares de las víctimas han exigido un proceso legal transparente y sanciones para quienes, por acción u omisión, resultaron responsables.

En el documento remitido a la jefa del Ejecutivo federal y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el colectivo solicita se inicie de manera inmediata el procedimiento para exigir la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves “a fin de que pueda comparecer ante la autoridad judicial competente y responder por las imputaciones en su contra”.

Añaden que desde un inicio, las personas propietarias han contado con protección e incluso vinculación con altos funcionarios del gobierno, lo que ha dificultado el avance judicial en el caso.

Hasta el momento, los padres de las víctimas y representantes del colectivo aclararon que no existe confirmación oficial de la detención por parte de autoridades estadounidenses o mexicanas. “Esta información está pendiente de ser confirmada oficialmente por autoridades federales”, señala el mensaje difundido en redes sociales y acompañado por la carta abierta firmada por la agrupación.

El caso de la Guardería ABC se mantiene en la agenda pública nacional debido a la magnitud de la tragedia y a las constantes denuncias de impunidad en torno a los responsables directos e indirectos. Las investigaciones oficiales iniciales apuntaron a posibles omisiones en cuanto a la seguridad de la estancia infantil, así como presunta protección a propietarios ligados a figuras políticas del periodo.

Desde el incendio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado irregularidades en la atención a las víctimas y en los procesos judiciales subsecuentes.

Diversos colectivos han señalado que, pese a las recomendaciones internacionales, no se han dado pasos contundentes para castigar a los responsables ni para garantizar la no repetición de tragedias similares en el país.

Con la difusión de la presunta detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, el colectivo “Manos Unidas por Nuestros Niños” reiteró el llamado a la presidenta para que se retomen los compromisos de justicia y verdad asumidos públicamente. Insistieron en que la intervención del Estado mexicano es necesaria para evitar que la impunidad prevalezca.

De acuerdo con la información divulgada por los padres de las víctimas, la solicitud para que Téllez Nieves reciba asilo político en Estados Unidos se fundamenta en presunta persecución por razones políticas. Sin embargo, la agrupación argumenta que se trata de una estrategia para eludir los procesos judiciales pendientes en México y pidió que dicha solicitud sea rechazada por el gobierno estadounidense.