Ciudad de México, 2 de octubre de 2025. – Tras la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Amparo, legisladores de la mayoría argumentaron que los cambios buscan agilizar la impartición de justicia y evitar abusos en el uso de esta figura legal. Aunque no hay registro oficial de que la presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García, haya emitido una declaración directa sobre el tema, la postura es consistente con el discurso de otros legisladores afines al bloque mayoritario.

La reforma, aprobada el 1 de octubre por el Senado de la República, limita la posibilidad de que jueces concedan suspensiones con efectos generales dentro de juicios de amparo, es decir, que una sola demanda pueda frenar la aplicación de leyes o actos de autoridad que afecten a la población en general.

De acuerdo con comunicados oficiales del Senado, la intención de esta reforma es evitar que intereses particulares bloqueen decisiones de carácter general, y así permitir una impartición de justicia más ágil y eficiente.

“Queremos que la justicia sea más rápida, que no tardemos 15, 20 o 30 años en casos donde hay amparos que congelan decisiones importantes para el país”, expresaron senadores durante el debate.

No obstante, diversos sectores de la oposición y organizaciones civiles han advertido que esta reforma representa un retroceso en la protección de los derechos humanos, al debilitar uno de los mecanismos legales más utilizados por la ciudadanía para frenar leyes inconstitucionales o abusos de autoridad.

La reforma pasará ahora a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación.