Puebla, Pue., 29 de septiembre de 2025 — El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente que inmobiliarias vinculadas al llamado “Cártel del Despojo” están arrojando escombros y desechos al Río Atoyac como parte de una estrategia ilegal para ganar terreno y apropiarse de zonas federales.
Durante un acto oficial, el mandatario aseguró que estas prácticas son parte de una red de corrupción e impunidad que por años operó con respaldo de funcionarios de gobiernos anteriores, y advirtió que su administración no permitirá que “intereses criminales sigan lucrando con el patrimonio natural del pueblo”.
“Estas inmobiliarias no solo despojan tierras y propiedades, ahora también contaminan el río y lo rellenan con escombro para apropiarse de él poco a poco. Eso también es crimen organizado ambiental”, sentenció Armenta.
Un nuevo frente: el agua y el territorio como botín del crimen organizado
Las declaraciones del gobernador colocan al Río Atoyac, históricamente uno de los más contaminados del país, en el centro de un conflicto político, legal y ambiental. El señalamiento contra las inmobiliarias no es aislado, sino parte de una narrativa más amplia del gobierno estatal que vincula el despojo territorial, la corrupción inmobiliaria y la degradación ambiental.
Estas acusaciones se suman a la ofensiva del Ejecutivo estatal contra Agua de Puebla, empresa concesionaria del servicio de agua potable, a la que acusa de complicidad con gobiernos anteriores y de incumplir con las inversiones en infraestructura.
Federación y estado invertirán más de 8 mil mdp en agua y saneamiento
Como parte de su estrategia integral, el gobierno de Puebla ha anunciado:
- 6,500 millones de pesos en 2026 para un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable en ocho municipios metropolitanos.
- 1,500 millones de pesos de la federación (a través de Conagua) para la limpieza y rescate del Río Atoyac, según lo informó el comisionado presidencial Isauro Martínez.
- Acciones legales contra empresas contaminantes y posibles revisiones de licencias y concesiones ilegales en zonas federales del afluente.
¿Quiénes están detrás? Silencio empresarial, presión política
Aunque el gobernador no reveló los nombres específicos de las inmobiliarias involucradas, fuentes extraoficiales señalan que varias empresas que operan desarrollos en la zona de San Pedro Cholula, Cuautlancingo y la periferia de la capital están bajo investigación por relleno ilegal de cuerpos de agua, uso de permisos apócrifos y colusión con notarios.
La estrategia de utilizar escombros como método de ocupación de terrenos federales no es nueva, pero esta es la primera vez que un gobernador lo vincula directamente con estructuras de crimen organizado como el “Cártel del Despojo”, una red denunciada por la Fiscalía en años recientes por apropiarse de tierras mediante fraudes notariales y violencia legal.
“El Atoyac no se vende, se limpia”: Armenta endurece el discurso
El mensaje del gobernador fue claro: “El Atoyac no se vende, no se privatiza, no se lotifica. Se limpia, se defiende y se rescata para las próximas generaciones”.
Con estas palabras, el mandatario marca un cambio de época en la política ambiental y territorial de Puebla, y al mismo tiempo, profundiza el conflicto político con actores inmobiliarios, empresariales y exfuncionarios que, asegura, “siguen intentando recuperar poder desde la sombra”.