Por más que se quiera minimizar la presencia del crimen organizado en Puebla, los hechos se imponen con una contundencia que ya no admite maquillajes.

Tres policías emboscados y ejecutados en San Salvador Huixcolotla son el último mensaje de miedo en una escalada que se ha vuelto sistemática con los grupos criminales que no sólo disputan territorio, sino que ya desafían abiertamente al gobierno.

El ataque no fue un hecho fortuito ni aislado. Los tres agentes recibieron más de 150 disparos. Ninguna célula improvisada tiene ese poder de fuego. El video que circuló en redes sociales no fue solo para transmitir la manera, sino también el mensaje entre líneas que dice “aquí mando yo”.

Y aunque oficialmente no se atribuye a un grupo en particular, el nombre de La Barredora vuelve a aparecer en el mapa de la violencia poblana. Este grupo, que opera con brutalidad y símbolos propios de las mafias consolidadas, ha extendido su radio de acción por municipios como Tecamachalco, Amozoc, Huejotzingo y Texmelucan, que de por sí ya tenían sembrados cuerpos y miedo.

La emboscada en Huixcolotla no sólo mató a tres policías. Destruyó también lo poco que quedaba de confianza en la seguridad municipal. Tras el ataque, varios elementos renunciaron por miedo, porque portar un uniforme policial equivale a tener una sentencia anticipada si se vive en un municipio donde el crimen manda.

Ahora, el Congreso del Estado pretende reformar la Ley de Seguridad Pública para crear un mecanismo de protección a funcionarios amenazados o en riesgo. En el papel suena bien. Nadie debería ser asesinado por ejercer un cargo público. Pero la pregunta es ¿servirá proteger a los funcionarios?.

Las reformas legales pueden blindar políticamente a las autoridades, pero no sustituyen la ausencia de fuerza institucional. De poco servirá asignar escoltas, chalecos antibalas o botones de pánico si los grupos criminales operan con impunidad, si los mandos municipales carecen de inteligencia, armamento y coordinación, y si están incluso infiltrados o debilitados por la corrupción.

La protección a funcionarios es necesaria, pero no suficiente. Puede salvar vidas individuales, sí, pero no cambia el entorno. Es como ponerle cerrojos a una casa cuyas paredes ya están derrumbadas.

La iniciativa legislativa es un paso, pero el verdadero reto está en reconstruir la seguridad pública, esa que según está para proteger. Eso implica dignificar a las policías, fortalecer la coordinación con la federación, limpiar las corporaciones infiltradas y devolverle al ciudadano la sensación de protección, algo que hoy es inexistente.