Por años, el transporte público en Puebla fue un síntoma de algo más profundo: concesiones heredadas como botín político, unidades en estado crítico y una autoridad que, en el mejor de los casos, miraba hacia otro lado. El resultado fue un sistema que sobrevivía por inercia.

Hoy, esa inercia se rompió. Y como ocurre en cualquier resiliencia, el proceso duele. La Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Silvia Tanús, anunció este lunes una red emergente de transporte alternativo para atender la baja de unidades tras la revista vehicular a la que muchos burlaron.

Cuatro corredores estratégicos serán cubiertos por empresas formales como Estrella Roja y ADO con tarifas equivalentes al transporte público tradicional y horarios enfocados en las horas pico. Además, se habilitan 14 sitios temporales con 210 taxis de tarifa fija, mientras el gobierno estatal mantiene un incentivo del 20% para la renovación del parque vehicular ¡Caray! ¡Que no nos salgan con que el transporte público no es negocio!

La medida es un mensaje político porque el transporte ya no será rehén del desorden ni de las viejas prácticas. Retirar unidades que no cumplen con las condiciones mínimas no es una decisión popular. Cada microbús que deja de circular es una fila más larga, un traslado más complejo, una queja ciudadana que se multiplica en redes o en los noticieros.

Pero también es una señal de que, por primera vez en décadas, alguien decidió asumir el costo político de tocar intereses que parecían intocables.
La apuesta del gobierno de Alejandro Armenta es clara: ordenar primero, corregir después y consolidar al final.

Así que ahora el despliegue de corredores emergentes operados por empresas de transporte de alta capacidad no es un simple paliativo mediático, sino una estrategia de contención para evitar que la crisis se traduzca en caos social.

El subsidio del 20% para nuevas unidades es una señal de corresponsabilidad donde el concesionario debe invertir, pero el Estado no abandona la transición: la apoya.

Y quizá el mensaje más potente no está en los corredores ni en los taxis, sino en lo simbólico. El gobierno estatal quiere marcar un antes y un después en un sector históricamente capturado por prácticas irregulares. Decir que “no habrá más corrupción” puede sonar ambicioso, incluso hasta ingenuo, pero lo relevante es que por primera vez se está construyendo una arquitectura institucional para que eso sea menos una promesa y más una posibilidad.

Pero, evidentemente todo esto tiene un costo que lamentablemente no va a pagar ni el gobierno, ni el concesionario; lo hará el ciudadano, ese que vive de traslados cotidianos. Las soluciones emergentes alivian, pero no sustituyen una red estructurada, moderna y suficiente. El riesgo es que el periodo de transición se extienda demasiado y desgaste la credibilidad ganada.

La ventaja es que el desorden del transporte público ya no se defiende como costumbre, sino que se reconoce como problema. Y eso en política pública, es el primer paso real hacia la solución.

El transporte público de Puebla está en su momento más incómodo e irónicamente más honesto en décadas. Lo importante será que cuando pasen los cambios, quede un sistema más digno, más seguro y menos rehén de los intereses particulares de siempre.