El Congreso del Estado de Puebla alista una reforma para fortalecer los filtros de elegibilidad de aspirantes a cargos de elección popular, con el fin de evitar que personas vinculadas con actividades delictivas o bajo investigación puedan registrarse como candidatas en los próximos procesos electorales.

El presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, adelantó que la propuesta pretende “blindar los cargos públicos” mediante cambios al marco legal que regulen de manera más estricta la integración de planillas y listas de aspirantes, particularmente en municipios donde previamente se han detectado perfiles con antecedentes criminales.

La reforma contempla endurecer los requisitos que actualmente deben presentar los aspirantes. Ya no bastará únicamente con la carta de no antecedentes penales; se buscará implementar mecanismos más rigurosos que permitan a las autoridades electorales y a los partidos políticos verificar si un ciudadano enfrenta investigaciones abiertas o mantiene vínculos con la delincuencia organizada.

El gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó la iniciativa y exhortó a los partidos políticos a no postular perfiles con historial delictivo, advirtiendo que cualquier instituto que lo haga “se convierte en partido delincuente”. Señaló además que pertenecer a una fuerza política “no debe ser un pasaporte a la impunidad”.

Algunas fuerzas políticas ya han comenzado a ajustar sus procesos internos. El Partido del Trabajo (PT) anunció que solicitará a la Fiscalía General del Estado (FGE) la verificación de sus aspirantes, al considerar que la carta de no antecedentes penales puede ser insuficiente para detectar irregularidades o carpetas de investigación en curso.

La propuesta legislativa surge en medio de un creciente debate sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y busca garantizar que las elecciones se desarrollen con mayor transparencia y seguridad rumbo a los comicios de 2027.