El vienes pasado durante la clásica mañanera, el presidente López Obrador manifestó que podría realizarse una consulta popular en torno a la Guardia Nacional y la militarización hasta el año 2028.

En caso de realizarse la consulta popular, ya podemos adelantar los resultados, que seguramente resultará a favor de que los militares sigan en funciones de seguridad hasta el 2028 y a favor de que se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. La realidad es que no hay mucho misterio en los posibles resultados que favorecen únicamente al equipo cercano de AMLO o entonces ¿por qué excluir al Instituto Nacional Electoral?.

Según el plan de Andrés Manuel, es que sea la Secretaría de Gobernación quien aplique la consulta, sin gastar un peso, aunque los resultados de la misma, tampoco influya en la decisión de si se aplica o no, ya que resulta ser inconstitucional, entonces surge la siguiente pregunta ¿para qué hacerla?, el presidente dice que para
que “sea el pueblo el que decida” y otra vez me pregunto, ¿que decida qué?.

Mientras logran decidir si se va a hacer o no se va a hacer la consulta, las preguntas que nos aplicarán a los ciudadanos son las siguientes: “¿Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo 2024? ¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o que dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?”.

Esta especie de encuesta a modo con fines de lucro, no debería llamarse “consulta”, incluso algunos integrantes de Acción Nacional ya la clasificaron como “consulta patito”, que más allá de lo que diga la derecha, la izquierda o la de en medio, la realidad es que nuestra Constitución en su artículo 35, fracción VIII, inciso c) numeral 3 establece que:

“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular. La materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”, pero eso al presidente no le interesa.