La Cámara de Diputados aprobó este martes una serie de reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con el objetivo de eliminar las “tarjetas fantasma” y proteger a los usuarios de cargos no solicitados. Estas modificaciones permitirán que los clientes bancarios puedan cancelar sin costo adicional aquellas tarjetas que no hayan solicitado, y que en muchos casos se otorgaban sin el consentimiento o conocimiento del titular.

Con esta reforma, los consumidores tendrán mayores garantías para evitar que las instituciones financieras les impongan productos no requeridos, como es el caso de las tarjetas de crédito o débito emitidas de forma irregular o sin solicitud explícita del cliente.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las modificaciones que obligan a las instituciones bancarias a informar claramente a sus clientes sobre la emisión de tarjetas y productos financieros, y a facilitar el proceso de cancelación sin que se les apliquen cargos extra. La nueva normativa también establece que, en caso de que el banco no actúe conforme a las nuevas reglas, deberá asumir los costos de la cancelación y de cualquier fraude asociado.

Durante la discusión, varios diputados señalaron que las “tarjetas fantasma” han sido un problema recurrente que afecta a miles de usuarios, quienes en ocasiones se ven obligados a pagar por productos que nunca solicitaron. “Este tipo de prácticas son una forma de abuso por parte de las instituciones financieras, que deben ser reguladas para evitar que se aprovechen de los consumidores”, comentó uno de los legisladores durante la sesión.

Además, se estableció que los bancos deberán contar con sistemas de verificación más estrictos para evitar que se otorguen productos financieros sin el consentimiento claro del cliente. También se prevé la creación de una plataforma digital para que los usuarios puedan consultar y cancelar productos no solicitados de manera rápida y sencilla.

Con esta reforma, los diputados buscan fortalecer la protección del consumidor y promover una mayor transparencia en las operaciones bancarias, ofreciendo a los clientes un mayor control sobre los servicios que contratan.