La Unión Empresarial de Seguridad Privada y Conexos A.C. llamó a las autoridades de Puebla a privilegiar la aplicación de sanciones administrativas antes de ordenar la clausura de compañías del sector que presenten irregularidades, con el objetivo de proteger los empleos de miles de familias que dependen de esta actividad.

En rueda de prensa, Luis Miguel Mendoza Reyes, presidente del organismo, señaló que el llamado surge luego de detectar un número importante de cierres definitivos en el sector, situación que ha generado preocupación y un clima de incertidumbre en el mercado de la seguridad privada.

Explicó que, si bien es necesario que las compañías cumplan con todos los requisitos legales y de operación establecidos, el cierre inmediato genera un impacto directo en los trabajadores, quienes en la mayoría de los casos son el único sostén económico de sus hogares.

“Estamos conscientes de que deben respetarse las normas, pero también pedimos que antes de llegar a una clausura se vean otras opciones. Hay familias completas que se ven afectadas si de un día para otro se cierran sus centros de trabajo”, manifestó.

El dirigente planteó la necesidad de contar con un catálogo progresivo de sanciones que vaya desde una amonestación de carácter administrativo, pasando por suspensiones temporales o multas, hasta llegar al cierre definitivo como último recurso, únicamente en los casos en los que las compañías no corrijan las faltas detectadas.

Recordó que actualmente la Dirección General de Seguridad Privada practica visitas de supervisión para verificar que las empresas operen dentro del marco legal, por lo que pidió que estas revisiones tengan también un carácter preventivo y de acompañamiento, a fin de que las compañías tengan la oportunidad de subsanar las observaciones y alinearse a los lineamientos vigentes.

“Lo que pedimos es que se exhorte primero a las empresas a cumplir y que se les dé la oportunidad de corregir. Que se analice cada infracción y se apliquen sanciones proporcionales, antes de llegar a la clausura, que debe ser el último paso”, sostuvo.

En ese sentido, Mendoza Reyes subrayó que la postura de la Unión Empresarial de Seguridad Privada no busca eludir las responsabilidades legales, sino privilegiar un esquema de justicia administrativa que combine el cumplimiento normativo con la protección del empleo formal.

Fuente: El Sol de Puebla