El gobernador Alejandro Armenta informó que su gobierno ha iniciado 478 expedientes contra funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción y omisiones. Hasta ahora, 36 servidores ya fueron sancionados.

A través de los órganos internos de control, se aplicaron dos destituciones, 22 inhabilitaciones, una suspensión y una amonestación, como parte del combate institucional contra las prácticas irregulares en el servicio público.

Durante su conferencia, Armenta enfatizó que su administración no aplicará escarmientos ni llevará a cabo persecuciones, pero sí será firme en su política de transparencia y rendición de cuentas.

El mandatario destacó que ya se trabaja en la Ley Anti-Milpa, la cual busca regular donativos a políticos, evitando así arreglos opacos disfrazados de aportaciones voluntarias o “diezmos”.

Como ejemplo, mencionó el caso del Museo Internacional Barroco (MIB), cuya construcción se proyectó en 600 millones y costó finalmente 14 mil millones de pesos, presuntamente por tratos irregulares.

Armenta insistió en que no permitirá megasaqueos a través de asociaciones público-privadas (APPs), ni el uso del poder para beneficiar a empresas por medio de tráfico de influencias.

Se refirió además a empresarios que intentaron obtener citas preferenciales o resolver trámites mediante acuerdos ocultos, algo que su gobierno, dijo, no tolerará bajo ningún concepto.

Afirmó que quienes aspiren a cargos públicos deben entender que su deber es servir y no servirse del poder. La Ley Anti-Milpa apuntará directamente contra estas prácticas discrecionales.