La fuga de un interno del penal de San Pedro Cholula desató un nuevo frente de tensión entre el gobierno estatal y la administración municipal.

Tras confirmarse la evasión, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que se activaron operativos de búsqueda; sin embargo, también dejó sobre la mesa la posibilidad de que el estado asuma la administración del centro penitenciario si el municipio no garantiza condiciones adecuadas de operación y control.

El penal actualmente se encuentra bajo responsabilidad del Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Tonantzin Fernández Díaz, por lo que el señalamiento abrió cuestionamientos sobre la capacidad operativa y los protocolos internos del reclusorio.

De acuerdo con autoridades estatales, la revisión no solo se limitaría a este caso, sino que forma parte de una evaluación más amplia a centros penitenciarios municipales para verificar medidas de seguridad, supervisión y control administrativo.

Hasta el momento no se han detallado públicamente las circunstancias exactas en las que ocurrió la fuga, mientras continúan las investigaciones internas y los operativos para la localización del interno.

El caso ha generado debate político, ya que la posible intervención estatal implicaría retirar al municipio la administración del penal, en medio de señalamientos sobre responsabilidades y capacidad institucional.