Un paraíso perdido. Así ha calificado este miércoles el Departamento del Tesoro al popular centro turístico de Puerto Vallarta, al que denuncia como un bastión estratégico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde radican 13 compañías que vendían tiempos compartidos que hoy han sido sancionadas por Washington, que las vincula con la poderosa organización criminal. Estados Unidos también ha impuesto sanciones a cuatro ciudadanos mexicanos a quienes acusa de fraude y robo de combustibles. “Vamos por los cárteles terroristas de la droga, como el CJNG, que están inundando nuestro país con fentanilo”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Las nuevas sanciones se marcan en la intensa ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra los cárteles mexicanos y que ha generado roces con el Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar por completo la capacidad de los cárteles de generar ingresos, incluidos sus esfuerzos por aprovecharse de los estadounidenses mayores a través del fraude de tiempo compartido“, dijo Bessent.
Las sanciones son impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que vincula a los cuatro mexicanos y 13 empresas con un esquema de fraude dentro del sistema de renta de inmuebles en tiempo compartido, que, afirmó esa institución en un comunicado, está “liderado por el CJNG. Estas personas y empresas tienen su sede en Puerto Vallarta o sus alrededores, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico del CJNG. El CJNG, un cártel brutalmente violento, es una Organización Terrorista Extranjera (OTE) designada por Estados Unidos y complementa cada vez más sus ingresos del narcotráfico con fuentes alternativas de ingresos, como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible”.
La penalización de Washington recae sobre la red corporativa de Ibarra, compuesta por 13 empresas, cinco de ella ligadas al régimen vacacional conocido como tiempo compartido, en el que varias personas comparten el uso de un inmueble, una agencia de viajes y otras tres compañías supuestamente dedicadas a actividades inmobiliarias.
Fuente: El País
