La fiscal general del estado de Puebla, Idamis Pastor, confirmó hoy que los exfiscales despedidos por su presunta implicación en una red de extorsión contra empresarios están siendo investigados por las autoridades correspondientes. El caso ha sacudido la esfera política y judicial de la entidad, pues los exfuncionarios públicos estarían vinculados a un esquema de extorsión en el que se solicitaban pagos ilegales a empresarios locales a cambio de no ser objeto de investigaciones o sanciones.

La fiscal Pastor detalló que la investigación inició tras varias denuncias presentadas por empresarios de la región, quienes afirmaron haber sido víctimas de amenazas y presiones por parte de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes, bajo la amenaza de iniciar procesos penales, exigían sumas de dinero a cambio de “archivar” o desestimar investigaciones en su contra.

Los exfiscales, quienes desempeñaban roles clave dentro de la FGE, fueron destituidos de sus cargos tras revelarse los hechos y están siendo investigados por los delitos de extorsión, corrupción y abuso de autoridad. La fiscal Pastor aseguró que las denuncias están siendo tomadas con la mayor seriedad y que se cuenta con evidencia suficiente para proceder con las acciones legales correspondientes.

“La Fiscalía General del Estado no tolerará ninguna forma de corrupción ni abuso de poder. Los responsables de estos hechos serán llevados ante la justicia, sin importar su posición ni su vínculo con la institución. La confianza en nuestras instituciones es un pilar fundamental, y no permitiremos que se vea afectada por prácticas corruptas”, expresó Idamis Pastor durante una rueda de prensa.

La denuncia pública sobre este caso generó una fuerte reacción en el ámbito empresarial y social, con varias cámaras empresariales exigiendo una investigación exhaustiva y la implementación de medidas para garantizar la transparencia dentro de las instituciones de justicia. La fiscal también destacó que, como parte del proceso, se están revisando otras posibles denuncias y casos relacionados para desmantelar cualquier red de corrupción que pudiera existir dentro de la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado ha asegurado que trabajará de manera coordinada con otras instancias de justicia y de derechos humanos para garantizar que se dé con los responsables y que se haga justicia para los afectados. En cuanto a los exfiscales implicados, se encuentran bajo investigación y en riesgo de enfrentar cargos graves si se comprueba su participación en los delitos señalados.