El gobierno del estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, ha fijado su postura ante la reciente sanción impuesta a la exsecretaria de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro. Tras la sentencia de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, que incluyó una multa de 362.9 millones de pesos y la inhabilitación de 20 años para ejercer cualquier cargo público, el gobierno estatal aclaró que no se trata de una persecución política.

En un comunicado oficial, la administración estatal subrayó que “en Puebla no hay persecución, pero tampoco omisiones”, refiriéndose al proceso judicial contra Castro Corro, quien fue declarada responsable de la inversión fallida de más de 604 millones de pesos del erario estatal en Banco Accendo, el cual posteriormente se declaró en quiebra.

El gobierno de Armenta puntualizó que, aunque se trata de una sanción histórica, esta no responde a intereses políticos ni tiene fines electorales, sino que busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. “La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”, señaló el comunicado.

Antecedentes del caso

La exfuncionaria fue señalada por manejar los recursos de manera irregular en la contratación de un préstamo millonario que terminó en pérdidas para las finanzas estatales. Esta sanción se produce después de una serie de investigaciones por las malas prácticas financieras que causaron daño al erario.

El gobierno de Puebla insistió en que este tipo de decisiones se toman bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, y que ningún servidor público, independientemente de su cargo, partido político o tiempo en el gobierno, está por encima de la ley.

Repercusiones

Con esta acción, el gobierno de Alejandro Armenta busca dejar claro que su administración está comprometida con la lucha contra la corrupción, pero también con el respeto a los derechos de los involucrados, garantizando un proceso justo y transparente.

Este caso sienta un precedente importante para la gestión pública en el estado, destacando la necesidad de un manejo adecuado de los recursos y la rendición de cuentas, al tiempo que refuerza el mensaje de que los funcionarios públicos deben responder por sus actos.