La Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene bajo lupa el ejercicio fiscal 2020 tanto a nivel estatal como a nivel nacional, aunque el gobernador Miguel Barbosa y el vocero del gobierno federal Jesús Ramírez Cuevas, digan que van a solventarlo en unos meses.

En el caso del gobierno del Estado de Puebla, la ASF detectó anomalías por 617 millones 160 mil pesos, de los cuales, el gobierno del Estado debe aclarar y transparentar el gasto de 415 millones 344 mil, que efectivamente ya se gastaron pero no nos queda claro en qué, al menos no en beneficio de la sociedad poblana, eso nos queda claro.

En el caso del gobierno Federal  el descaro es peor porque el cinismo con el que el vocero dice que “son mínimas” refiriéndose a las cantidades, nos deja en claro que los miles de millones de pesos en el limbo, son nada para quien en sus manos tiene todo el patrimonio económico del país y sí, me refiero a Andrés Manuel López Obrador.

La ASF detectó inconsistencias por licitaciones directas, falta de comprobación o inexistencia de compras, CFDI inválidos, entre otras, en las grandes obras de la 4T como la construcción del Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto y hasta en el SEGALMEX, (Seguridad Alimentaria Mexicana), organismo público descentralizado con más observaciones de la ASF y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que suma más de 10 mil millones de pesos en posibles irregularidades.

Mientras declaran y transparentan o no, ya empiezan a armarse las manifestaciones por estas situaciones, por ejemplo, en Tierra Caliente, Guerrero, campesinos alistan una manifestación a Palacio Nacional para este mañana 23 de febrero porque es justo en el SEGALMEX donde se supone, llegarían a las comunidades más pobres del país al menos 40 productos de la canasta básica a precios accesibles y en el 2020 productores de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México denunciaron la falta de la entrega por faltantes de granos en bodegas o que ya estaban echados a perder y es ahí la desviación del recurso más grande.

La realidad es que en lo que pasan esos meses, ya se acabó el 2022, luego vendrá la auditoria por 2021, llegará 2023 y para 2024 estaremos de nuevo en campaña para las elecciones tanto a nivel estatal como federal; lo que nos queda como ciudadanos es no ser memorias cortas y recordar que en febrero de 2022, en nuestra cara, califican como “mínimo”, lo que nos roban.