Es muy grave la Declaratoria de la SCJN sobre la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. La aplicación de la ley no es, ni debería utilizarse nunca como un instrumento para que un Gobierno, y, aun peor, un solo hombre, gane popularidad.

Algunos medios estiman que esta consulta costará alrededor de $8,000 mil millones de pesos, esto es una cantidad estratosférica de dinero, gastada, desde el punto de vista jurídico, en vano. No es, y nunca será necesaria una consulta para quienes cometen un crimen, la Ley se debe aplicar sí o sí. Entonces, ¿para qué gastar tal cantidad de recursos en algo que resulta innecesario? La respuesta es muy sencilla. Al presidente López Obrador se la acabó el discurso, necesita un distractor, el fiasco del avión presidencial, la incapacidad para seguir explotando el caso Lozoya, añadido a que no tiene ningún logro que presumir, si no es que su popularidad no ha caído…mucho. Pues necesita algo con qué seguir atendiendo a sus muy fieles seguidores, algo con qué distraerlos para que no se den cuenta tan fácilmente de los graves problemas en qué está sumido el país.

Esos $8,000 mil millones de pesos es un dinero invertido descaradamente en la imagen del presidente López Obrador y su 4T. Ese dinero hace mucha falta en otros sectores, principalmente en el sector Salud, que está ya en una situación bastante grave. Es cierto que desde el sexenio anterior ya no venía bien, pero cualquier usuario del IMSS, ISSSTE o cualquier dependencia de gobierno sabe, de primera mano, que nunca había estado tan mal.

Es claro que para el presidente López Obrador lo más importante es su imagen, su popularidad. Sin una buena imagen, su gobierno se cae a pedazos. Ahora, la SCJN le ha dado la herramienta que necesitaba para hacer todo lo que le dicte su voluntad. “Por encima de la Ley, está el pueblo”, ha dicho claramente en su conferencia de prensa del 5 de octubre. Esto quiere decir que, por medio de sus consultas puede, desde quedarse en el poder todo el tiempo que quiera, como lo hacía Hugo Chávez, puede desarticular inversiones, como el caso de la empresa cervecera Constallations Brands, puede hacer que sea ilegal el uso de las energías limpias, puede hacer expropiaciones a diestra y siniestra, puede hacer todo lo que, desde su perspectiva sea lo más conveniente.

Desafortunadamente para los mexicanos, casi todo lo que es conveniente para el presidente López Obrador, no lo es para el país. La mayor fortaleza de este gobierno es la falta de información. Se dice que el Papa Francisco es infalible, esto es, que nunca se equivoca. Así pareciera para algunos de los más fervientes seguidores del presidente López Obrador, que su palabra es Ley, infalible, y la realidad es que no es así. Sus grandes proyectos son inviables, lo han comentado expertos en cada uno de los sectores involucrados, pero siguen adelante. Pero, es el presidente, y quien se atreva a cuestionarlo será denostado y atacado abiertamente por el mismo presidente en sus conferencias.

La señal que se envía con la reciente Declaratoria de la SCJN acerca de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, es que, por encima de la Ley, está el presidente de la República. Lo único que le falta es el clásico “El Estado soy yo”, que en el caso de López Obrador va ser un “La voluntad del pueblo soy yo y el único que está por encima de la ley, también soy yo”.