El presidente López Obrador anunció durante la mañanera de este viernes que “regresará los tiempos oficiales a radiodifusoras y televisoras porque un pueblo comunicado no necesita de publicidad”. Siendo esta en realidad una alianza con medios electrónicos privados para obtener una mejor cobertura de los temas de la agenda pública que el propio mandatario y la realidad imponen.

El llamado “tiempo fiscal” de la radio y la TV ha sido una forma de control político autoritario impuesto en su momento por Gustavo Díaz Ordaz, una forma de tener espacios permanentes en los medios electrónicos por el enorme impacto que tuvo la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 y, posteriormente con el gobierno de Vicente Fox, una moneda de negociación clientelar con el poder mediático.

Ahora llegó el turno al Ejecutivo Federal de sucumbir a la influencia y los intereses de la radio y la televisión en un momento de crisis comunicacional ante diversos eventos mediáticos de muy alto impacto.

Los tiempos oficiales están conformados por el tiempo fiscal y los tiempos del Estado.

El tiempo fiscal es el impuesto que pueden pagar en especie las empresas que tienen concesiones de las estaciones de radio y las emisoras de televisión.

El decreto que autoriza el cobro de este impuesto data del 31 de diciembre de 1968 y entró en vigor el 1 de enero de 1969. Fue idea del entonces Secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y el impuesto equivalía a 12.5% de tiempo de transmisión en radio y TV.

Treinta y tres años más tarde, el 10 de octubre de 2002, en una edición inédita nocturna del Diario Oficial de la Federación, se publicó un nuevo decreto que reducía de 12.5 a 1.25% el tiempo fiscal a los radiodifusores. El impuesto quedó en 18 minutos diarios de transmisión para las estaciones de TV y 35 minutos diarios en las de radio, para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal con una duración de 20 a 30 segundos.

Por su parte, los tiempos del Estado están contemplados en los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). Son 30 minutos continuos o discontinuos gratuitos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. Los tiempos del Estado son administrados por la Secretaría de Gobernación. La legislación señala que la forma de dividir esos 30 minutos será de 15 minutos en formatos o segmentos de no menos de 20 segundos cada uno y 15 minutos en formatos no menores de cinco minutos cada uno.

Para entender mejor, los tiempos oficiales a los cuales hizo referencia el presidente AMLO en su mañanera son la suma de los 30 minutos diarios del Estado más el tiempo fiscal o impuesto del 1.25% o 18 minutos diarios de TV y 35 minutos de radio.

Esta confusa declaración hace suponer que el Presidente se refería exclusivamente al tiempo fiscal de 1968 modificado en 2002, pues de lo contrario sí tendría que reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su capítulo de tiempos gratuitos para el Estado.

Llama la atención que mientras el gobierno federal está en la búsqueda de incrementar la recaudación fiscal y gravar, por ejemplo, las plataformas digitales, al mismo tiempo se comprometa a “regresar” los tiempos oficiales.

El artículo 48 Apartado A de la Constitución señala que partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) 48 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de TV, en el horario comprendido entre las seis y las 24 horas.

Estos 48 minutos a disposición del INE que refieren la Carta Magna y la ley electoral, son el resultado de los 30 minutos de los tiempos del Estado previstos en la LFTR y los 18 minutos de tiempo fiscal de la TV del decreto de 2002. Regresar o eliminar los tiempos oficiales comprometería estos 48 minutos a los cuales tienen derecho por mandato constitucional los partidos, precandidatos, candidatos y autoridades durante los procesos electorales.

De cumplir su compromiso con los concesionarios de la radio y la televisión públicos, el Ejecutivo Federal reduciría y afectaría los espacios en los de los poderes Legislativo y Judicial, de los organismos autónomos, de las autoridades electorales y de los partidos políticos y sus candidatos que también los utilizan en su momento. Se modificaría sustancialmente la relación del poder político con los medios pero acotando la deliberación pública.

En conclusión, nadie da nada a cambio de nada, es decir, las principales cadenas de tv y radio en el país estarán en deuda con el presidente AMLO y en campañas políticas, ya muy aproximadas, se verán obligadas a “pagar el favor”, mientras que los medios privados continúan preguntando, transmitiendo y asistiendo a Palacio Nacional.

Con información de Jorge Bravo para El Economista.