La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del estado acatar suspensión provisional de revocación de mandato que aprobó el pasado 20 de septiembre en contra del ayuntamiento de Tehuacán, luego de que el ayuntamiento alegó que el Congreso incumplió con la orden emitida en septiembre.

Tras analizar la documentación ofrecida por el presidente municipal sustituto, Andrés Artemio Caballero López y aceptar una ampliación en la controversia constitucional interpuesta desde agosto pasado y que fue aceptada por la SCJN bajo el número de expediente 118/2020, se emitió el nuevo ordenamiento.

El pasado 27 de septiembre se dio entrada a la ampliación solicitada por el edil sustituto como representante del Ayuntamiento tehuacanense, que busca evitar la ejecución de la revocación de mandato y el nombramiento de un Concejo Municipal para el gobierno de este municipio.

Con esta suman tres órdenes, en el mismo sentido, giradas por la SCJN hacia el Congreso del estado para suspender temporalmente la revocación de mandato contra el cabildo de Tehuacán, la primera se emitió el 9 de septiembre.

Luego de que el pleno del Congreso votó por revocar el mandato al Ayuntamiento, el presidente municipal solicitó a la SCJN la suspensión definitiva de esos actos del Legislativo; a finales del mismo mes se le concedió nuevamente la suspensión provisional de la ejecución. En ese sentido lo diputados anunciaron que acatarían la orden, al tiempo de señalar que no habían violado ningún mandato de la Corte ya que no habían ejecutado la desaparición del Cabildo.

En esta ocasión la determinación expresa nuevamente que no se concede la suspensión definitiva, pero sí permanece la provisional, hasta que concluya el proceso de la controversia constitucional, mientras tanto el Congreso del Estado debe presentar el informe y las pruebas de que ha acatado las instrucciones emitidas por los magistrados.

De no cumplirse con lo solicitado, por parte de los diputados locales, dentro de los 15 días hábiles, a partir de que se le notifique, la SCJN dará por “ciertos los hechos que se les imputan y se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario”, se especifica en el acuerdo.

Hasta el momento el Congreso del estado no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el tema, mientras tanto en el ayuntamiento existe la confianza de que al final de la controversia constitucional la SCJN falle a su favor y de ese modo el cabildo concluya la administración, a la cual solo le resta un año.