Tras una audiencia realizada en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, un juez de control determinó que Carlos S., Juan V. y Guadalupe D., acusados de fraude en agravio de ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, deberán permanecer en prisión preventiva como medida cautelar, sin otorgarles beneficio de libertad condicional o domiciliaria.

Horas después de conocer esta resolución, los ejidatarios liberaron de manera definitiva el bloqueo que mantenían desde la tarde sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 73, en protesta ante la posibilidad de que los señalados fueran excarcelados. La vía fue reabierta alrededor de las 21:00 horas, luego de casi siete horas de cierre intermitente.

Durante el bloqueo de este miércoles, los inconformes exigieron que se congelen las cuentas bancarias de Sánchez Alpízar, al asegurar que está utilizando el dinero de la indemnización para pagar “al mejor despacho de abogados del país”, según han presumido sus allegados.

Los ejidatarios también informaron que se reunirán con sus asesores legales para conocer el contenido completo de los acuerdos alcanzados con las autoridades. Además, aseguraron que aún no reciben la compensación que les corresponde por las tierras que, denuncian, les fueron expropiadas desde la década de 1960, durante la administración del presidente priista Adolfo López Mateos.

Los manifestantes habían iniciado la protesta hacia la una de la tarde, al trascender que durante la audiencia podrían ser modificadas las medidas cautelares impuestas a los tres implicados, exintegrantes del Comisariado Ejidal. De acuerdo con los inconformes, la versión sobre la posible liberación fue difundida por familiares de Carlos Sánchez Alpízar, lo que generó indignación entre los campesinos presentes en el lugar.

Sin embargo, conforme avanzó la audiencia, el titular de la Secretaría de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, notificó a los manifestantes que la medida cautelar de prisión preventiva no sería modificada, confirmando que los acusados seguirán en reclusión mientras avanza el proceso penal en su contra.

El conflicto tiene origen en un pago superior a 176 millones de pesos, realizado en 2018 por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal, como compensación por el uso de tierras ejidales para la construcción de la autopista México-Puebla.

Según los testimonios de los afectados, los ahora detenidos dispusieron del recurso para fines personales, entregando solo una parte a personas cercanas y dejando sin compensación a la mayoría de los ejidatarios.

Carlos Sánchez Alpízar, expresidente del Ejido de Santa Rita Tlahuapan, permaneció prófugo desde 2021 hasta su captura el 17 de agosto de 2024 en el estado de Querétaro. La denuncia en su contra fue presentada por el entonces gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa Huerta, tras reiteradas protestas y bloqueos organizados por los campesinos.

Este caso lleva varias décadas por el reconocimiento y pago de tierras utilizadas para la infraestructura de la autopista México-Puebla. Los afectados han realizado protestas similares durante al menos tres administraciones federales, sin obtener una resolución definitiva.