En caso de que no exista vía pública o acceso, los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo-terrestre deberán proveerlo, según lo acuerden aquellos y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Quienes incumplan estas medidas serán sancionados con una multa de 3 mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es de 86.88 pesos.

“Tales restricciones –al acceso– van desde cercas semifijas hasta verdaderas construcciones permanentes, apoyado incluso en ocasiones por elementos de seguridad privada o personal hotelero, a quienes se instruye a realizar actividades que violentan la ley”, explicó la senadora de Morena, Mónica Fernández.

“Derivado de lo anterior es importante mencionar que también se prevé la revocación de concesiones o permisos para quienes deseen y reincidan en prohibir u obstaculizar el libre acceso a las playas mexicanas”, añadió.

La legisladora consideró estos actos como discriminatorios, porque asumen como propia una franja que no está dentro del comercio y cuyo dominio corresponde a la nación.

“Las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos de acceso para que todo visitante nacional o extranjero que desee disfrutarlas pueda hacerlo. Sin embargo, a pesar de dicha cualidad legal, persisten múltiples denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al goce y disfrute de las mismas”, apuntó.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el priista Manuel Añorve, avaló el dictamen para garantizar el libre acceso a las playas, porque, comentó, “algunas personas físicas y morales han ido restringiendo el uso de estas zonas públicas, menoscabando el derecho de todos los mexicanos de su disfrute”, lo que –agregó– “no solo es un derecho, sino que constituye un patrimonio invaluable al cual todas las personas deben tener acceso libre y sin restricciones”.