Bangladés— La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, ha sido condenada a muerte en ausencia por un tribunal en Dhaka, acusada de ordenar una represión mortal contra estudiantes durante protestas en 2024. La condena ha generado una ola de controversia tanto dentro de Bangladés como a nivel internacional, en medio de un contexto político tenso y de creciente descontento en el país.

Según el tribunal de Dhaka, Hasina, quien fue líder del país en varias ocasiones, habría emitido órdenes para que las fuerzas de seguridad utilizaran fuerza letal para sofocar las protestas de estudiantes que exigían reformas en el sistema educativo y el cese de la corrupción gubernamental. Las protestas, que tuvieron lugar en julio y agosto de 2024, terminaron en una serie de enfrentamientos violentos, durante los cuales al menos 40 personas murieron y cientos más resultaron heridas.

El tribunal, que celebró su juicio en ausencia de la ex líder, alegó que Hasina utilizó su posición de poder para dar instrucciones directas a las fuerzas de seguridad y a sus aliados políticos para reprimir con violencia a los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes. Las autoridades del gobierno de Hasina fueron acusadas de manipular la respuesta oficial y de encubrir las acciones violentas, lo que aumentó la indignación pública y las tensiones con la oposición política.

La condena a muerte ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad como un intento de persecución política, dado que Hasina lleva años enfrentando acusaciones de abuso de poder y corrupción. Khaleda Zia, líder de la oposición y expresidenta de Bangladés, ha señalado que el veredicto forma parte de una estrategia de venganza política contra la ex primera ministra, y que el tribunal actuó bajo presiones del gobierno actual.

Por su parte, Sheikh Hasina, quien actualmente reside en el extranjero, ha negado todas las acusaciones en su contra y ha calificado el juicio como un “intento de destruir su legado”. En un comunicado oficial, expresó su desconfianza en la independencia del sistema judicial bangladesí y afirmó que las protestas estudiantiles fueron manipuladas por intereses políticos en su contra. Hasina también denunció que el proceso judicial no cumplió con las normativas internacionales de debido proceso.

La comunidad internacional, incluidos organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, ha expresado su preocupación por la falta de imparcialidad en el juicio y el impacto de la violencia política en el país. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch pidieron una revisión del caso y garantizar que cualquier proceso judicial en el futuro sea transparente y justo.