El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, aclaró que el estado no posee predios con las dimensiones necesarias y que la prioridad presupuestal para 2026 está enfocada en seguridad y agua.

El ambicioso proyecto de construir una pista de cuarto de milla para “arrancones legales” en Puebla ha encontrado un freno operativo y financiero. José Luis García Parra, coordinador de gabinete estatal, informó que tras una revisión en el Banco de Tierras del estado, se determinó que el gobierno no cuenta con un predio que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

Según el funcionario, una pista de este tipo requiere un terreno de entre 8 y 10 hectáreas para garantizar zonas de frenado, gradas y áreas de seguridad. Al no existir un terreno público disponible, la única opción sería la compra de un predio particular, lo cual implicaría una inversión que no está contemplada en el presupuesto inmediato.

“El Banco de Tierras nos ha notificado que no hay predios propiedad del gobierno con estas dimensiones. Comprar uno requiere recursos significativos y, en estos momentos, hay otras prioridades”, señaló García Parra.

El coordinador enfatizó que la administración estatal ha decidido concentrar los recursos del ejercicio fiscal 2026 en rubros de mayor impacto social, principalmente en el fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura para el abastecimiento de agua.

Pese a la falta de una pista propia, el proyecto de “arrancones seguros” no se cancela, sino que se traslada a infraestructura ya existente. El plan incluye:

• Convenios con el Autódromo Miguel E. Abed: Se mantendrán las jornadas de carreras controladas en este recinto de Amozoc.
• Costos accesibles: Se busca que las cuotas de recuperación sean bajas para incentivar a los jóvenes a dejar las calles.
• Operativos nocturnos: García Parra advirtió que los operativos contra carreras clandestinas en la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico se intensificarán, aplicando sanciones sin distinciones.

Con esta decisión, el Gobierno de Puebla busca equilibrar la demanda de los grupos de automovilismo con la responsabilidad financiera y la seguridad vial de la ciudadanía.